Ser y parecer honestos: sentir la injusticia

Foto: Presidencia de la República | Camilo dos Santos.

Toda interpretación de hechos es una lectura particular y llena de subjetividad. Por supuesto. Esto es aún más radical en el caso de la lectura de autores porque podemos ser contrarios o infieles a lo que el autor, originalmente, pensó hacer o decir. Hecha esta salvedad, utilizaré a mi buena amiga Judith Shklar para retomar su idea de la corrupción como injusticia. Pero vale la siguiente aclaración sobre el disparador que utilizaré para poner en juego algunos de los conceptos de Shklar. 

En la semana del 26 de mayo, Yamandú Orsi, el Presidente de la República Oriental del Uruguay (ese pequeño pedazo de tierra apretado entre Argentina y Brasil, al sur de América Latina) por el partido de centro izquierda Frente Amplio, fue protagonista de una serie de denuncias a nivel de prensa que llenaron de suspicacia el accionar del Presidente. La cuestión es así: a través del chequeo de información entregada por el propio mandatario en su Declaración Jurada, una investigación del programa “Así nos va” de Radio Carve descubrió que el jerarca aceptó, semanas antes de ser investido con la banda presidencial, pero ya electo, la rebaja -en USD 25.000- para la compra de un vehículo por parte de una concesionaria. 

Si bien el hecho es legalmente aceptado, éticamente es cuestionable por los siguientes motivos: i. Orsi ya había sido elegido para desarrollar el cargo más importante del país cuando aceptó la donación de un privado; 

ii. al momento de su asunción, él y la vicepresidenta recorrieron las calles de Montevideo en un vehículo de la misma marca del que le fue “rebajado” (allí se abre toda una serie de suspicacias vinculadas a si se estaba devolviendo un favor de visibilidad para la marca, por ejemplo); 

iii. Orsi y su equipo dieron explicaciones fragmentadas, poco transparentes y ridículas sobre el hecho de aceptar una bicoca o descuento de una empresa privada; 

iv. pone de manifiesto un tema tabú para la maravillosa democracia uruguaya que es el financiamiento de sus institucionalizados e inquebrantables partidos políticos y sus respectivas campañas electorales, ya que a partir de una nueva investigación periodística se descubrió que Orsi donó otro vehículo para rifar en la campaña electoral del Frente Amplio y como nadie sacó el número de rifa, el bien volvió al por entonces candidato. Es una anécdota deprimente esta última, pero se suma a un panorama de escasa información, espuria argumentación pública y distancia entre lo que hacen los políticos profesionales y la vida de las personas mundanas. Digámoslo así: en un país donde casi 500.000 uruguayos ganan $25.000, es difícil recibir una donación por USD $25.000 de parte de una empresa privada. 

Ese hecho viene a mostrar dos asuntos adicionales: i. que no todos somos iguales y esto puede ser percibido como una injusticia; ii. que los ciudadanos tienen mucho derecho a molestarse con los políticos que usan sus privilegios, incluso cuando estos están amparados por la ley. Porque además de ser honesto, hay que parecerlo. En la performatividad de la política se juega mucho más de lo que cualquiera de nosotros puede creer o incluso prever.

Los cuatro motivos adquieren volumen crítico si se considera que la campaña electoral del Frente Amplio que llevó a Orsi a la presidencia se tituló “Que gobierne la honestidad”. Ese claim de campaña buscaba conectar con una parte de la ciudadanía que había sido golpeada por los hechos de corrupción que habían marcado al gobierno de la Coalición Multicolor liderado por Luis Lacalle Pou (2020-2025). Aquí no estoy diciendo que el hecho de aceptar un descuento de una empresa privada por parte de un funcionario público sea corrupción, pero si algo deshonesto que puede ser percibido como injusto por parte de quienes no recibimos ese tipo de donaciones. Y allí aparece Shklar.

Definamos, entonces, qué entiende Shklar por injusticia. En su libro “Los rostros de la Injusticia” la autora retoma una distinción, para mi gusto, extremadamente precisa entre desgracia e injusticia. 

¿Cuándo una desgracia es un desastre y cuándo constituye una injusticia? Intuitivamente, la respuesta parece bastante obvia. Si el acontecimiento luctuoso ha sido causado por las fuerzas de la naturaleza, es una desgracia y, consecuentemente, hemos de resignarnos al sufrimiento. Ahora bien, si algún agente malintencionado, humano o sobrenatural, lo ha ocasionado, entonces se trata de una injusticia y debemos expresar nuestro escándalo y nuestra indignación. 

No obstante, en la experiencia real esta distinción, a la que tan fervientemente nos aferramos, no nos aporta mucho. Esto es así tan pronto como recordamos que lo que se considera como inevitable y natural, o bien lo que se tiene por controlable y de carácter social, a menudo es una cuestión de tecnología o de interpretación. Las percepciones de las víctimas y de aquellos que, aunque remotamente, pudieran ser verdugos tienden a ser muy diferentes. Ni los hechos ni su sentido serán experimentados de la misma manera por los afectados o incluso por meros observadores que por aquellos que podrían haber evitado o mitigado el sufrimiento (...)

En lugar de esto, yo argumentaré que la diferencia entre desgracia e injusticia a menudo implica nuestra disposición y nuestra capacidad para actuar o no actuar en nombre de las víctimas, para culpar o absolver, para ayudar, mitigar o compensar, e incluso para mirar hacia otro lado. La idea de que existe una regla simple y estable que separa ambas cosas es una exigencia de seguridad moral que, como tantas otras, no puede ser satisfecha. Eso no quiere decir que debamos borrar la distinción o resignarnos a todos nuestros males, pero señala la necesidad de reconsiderarla y, especialmente, de renovar nuestra perspectiva sobre la injusticia (Shklar, 2013: 27 y 28).

A partir de este posicionamiento de la autora, yo diré que la deshonestidad y falta de transparencia pueden ser percibidas como una forma de injusticia. Muy específica, pero injusticia al fin. Porque la injusticia, bajo mi interpretación, no es sólo la falta de justicia o quebrantar la ley o la norma derivada del Derecho. Es un sentimiento de injusticia que se encarna en nuestra cotidianidad y en cómo percibimos los hechos políticos que nos involucran como comunidad. 

Vayamos por partes. Además de las consecuencias en términos retóricos y de descreimiento hacia las instituciones democráticas, estos hechos tienen, también, consecuencias en términos de justicia o, mejor, de injusticia. Shklar dice que la diferencia entre una desgracia y una injusticia es una elección política, “no una simple regla que sólo haya que seguir. La cuestión no es, por tanto, si se puede trazar o no tal línea, sino por dónde hacerlo” (2013: 33).

Además, nos dice que los ciudadanos podemos cometer dos tipos de injusticia, una activa y otra pasiva. La primera consiste “en la negligencia, tanto por parte de funcionarios públicos como de ciudadanos privados, en evitar una mala acción cuando podrían y deberían hacerlo” (2013: 33). Podemos ser, también, pasivamente injustos “cuando no informamos delitos, cuando miramos a otro lado ante el fraude o robos menores, o bien cuando toleramos la corrupción política o aceptamos leyes a sabiendas de que son injustas, torpes o crueles” (2013: 34). En este sentido de injusticia pasiva, la autora nos señala que “los funcionarios públicos tienen más probabilidades de ser pasivamente injustos [porque] la injusticia resultante no se debe a fuerzas naturales ni a un sistema particularmente injusto, sino a muchas manos colaboradoras en el asunto, a las que se necesita recordar constantemente las consecuencias posibles de su inacción” (2013: 34).

Este último tipo de injusticia, la pasiva, es sobre la que tenemos que reflexionar y actuar. Decididamente. ¿Cuánto toleran las instituciones democráticas y los ciudadanos la materialización de injusticias pasivas? ¿Cómo se sienten los ciudadanos cuando sus vidas se tornan cada vez más precarias y asisten con incredulidad a la perpetración de actos deshonestos o poco transparentes por funcionarios públicos? Es posible pensar que, como un cuentagotas, el resentimiento va llenando de sentido a los comportamientos y elecciones ciudadanas y se va transfiriendo a las valoraciones y opiniones sobre las instituciones políticas democráticas. Sentirse enojados, descreídos y resentidos no es algo inocuo, porque puede ser una fuente de elección política. Es decir, podemos votar enojados, resentidos con las injusticias pasivas. Por lo general, cuando los ciudadanos toman decisiones a partir del enojo y resentimiento, las alternativas políticas son complejas en términos democráticos. Ya lo vimos. Lo estamos viviendo.

Si la deshonestidad puede llegar a ser una forma de injusticia y si esta es un elemento que alimenta nuestro resentimiento hacia las instituciones que albergan y legitiman a los actos y actores protagonistas de hechos poco transparentes, hay que ser determinantes con ellos. Hay que denunciarlos. Hay que pararse firmes. Hay que no tolerarlas. Las democracias, y los ciudadanos no toleran todo, y tampoco deberían hacerlo, aunque pudieran. Estar alertas, alejarse de los relatos complacientes es la primera acción que hay que tomar. Si la deshonestidad es un acto de injusticia que se sostiene en una definición política, entonces, pidámosles más a los políticos. Cada vez más para que sean menos injustos.

Como “comunidad” política, desigual, fragmentada, en creciente proceso y molestia con el sistema política, lo peor que nos puede pasar es perder la capacidad de asombro frente a hechos políticos negativos como la falta de transparencia. ¿Por qué es malo perder la capacidad de asombro? ¿Por qué es dañino el quietismo? Porque simultáneamente se van corriendo los límites sobre lo que nos animamos a pensar, creer, querer y exigirle a nuestras instituciones y nuestros políticos.

El hecho disparador que nos ha convocado no puede ser catalogado de corrupción, pero sí de poco honesto y puede ser percibido como un acto de injusticia que flaco favor le hace a las instituciones democráticas y republicanas tan cuestionadas y erosionadas en otras partes del mundo y también, crecientemente, en Uruguay. Justamente, para pensar los hechos políticos cotidianos de otra manera, para salir de la contingencia de la noticia y la premura del análisis coyuntural -por cierto, necesario- es que sirve la teoría política. Nos habilita, en buena medida, a que nuestras conversaciones sobre la sociedad sean más complejas, buscando los puntos ciegos para exponerlos y desarmarlos. También exponernos y desarmarnos nosotros mismos, como ciudadanos pasivos que toleramos hechos injustos, por ejemplo.

Además, nos sirve, y este creo que es el punto que más me convoca individualmente, para revisar nuestros juicios y comportamientos sistemáticamente. Quienes intentamos hacer teoría política, así como quienes se sienten convocados a su lectura, estamos obligados a conectar con las creencias y sentires de nuestros pares los conciudadanos. Esto supone estar bien lejos del tablado que habilita decirles a otros lo que deben sentir, pensar o hacer.